Los gases y compuestos  de efecto invernadero son sustancias que tienen la posibilidad de absorber y emitir radiación infrarroja del espectro electromagnético proveniente del sol. Así crean la oportunidad de generar vida tal como la conocemos actualmente, al no permitir el rápido y drástico enfriamiento de la superficie terrestre.

No obstante, en los últimos años las actividades del hombre, como la combustión de hidrocarburos fósiles, han propiciado un considerable incremento en el volumen de esta capa. Esto ha convertido esta protección para la superficie de la tierra, en una fuente de calentamiento constante sobre el planeta con las consecuencias que ya todos conocemos.

Para evitar una situación todavía más extrema, la comunidad internacional y nuestro país, como parte de ella, se comprometieron desde 1997 a reducir la emisión de gases de efecto invernadero al adherirse al Protocolo de Kioto; posteriormente, en el 2015, dentro del Acuerdo de París, México estableció reducir 22% de sus emisiones a la atmósfera hacia el 2030.

Para lograr esos objetivos, el Gobierno mexicano publicó en 2012 la Ley General de Cambio Climático y el acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2019.

En lo general, la estrategia del gobierno federal al respecto puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Fijar un porcentaje anual de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). El Gobierno Federal establece un tope máximo sobre las emisiones totales de uno o más sectores de la economía que debe de ser reducido cada año.
2. Las empresas de los sectores elegidos deben realizar su inventario, cuantificando cuántas emisiones están generando
3. Estas empresas deben tratar de reducir dichas emisiones a través de iniciativas internas como, por ejemplo: la adquisición de energía limpia y renovable, el cambio de tecnología, la actualización de equipos.
4. En el punto en donde operativamente ya no es posible para una empresa disminuir las emisiones, se puede entrar al comercio de estas.

De esta forma, cuando una empresa no alcanzó su meta de reducción de emisiones puede adquirir bonos de carbono, cada bono equivale a una tonelada de CO₂ absorbida de la atmósfera. Estos bonos los ofertan empresas o proyectos ambientales, de conservación o de reforestación de bosques y selvas cuyo objetivo es precisamente capturar CO₂. De esta forma la empresa puede alcanzar la meta anual previamente fijada.

Este Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) implementado por el gobierno federal mexicano estipula que debemos pasar por un período de prueba de tres años, el cual estamos a punto de concluir el 31 de diciembre del presente 2022.

En esta fase de transición en la cual aún nos encontramos en estos días, debemos estar ya preparándonos para la fase operativa. En nuestro país es la SEMARNAT la encargada de publicar las reglas para los pasos siguientes en el SCE, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha de la presente publicación.

Actualmente, solo han tenido que cumplir empresas responsables de emitir más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera al año, entre las que se encuentran las industrias de hidrocarburos y electricidad, automotriz, cemento, química, alimentos y bebidas y del vidrio. En 2023, cuando el programa entre en pleno vigor, abarcará a las entidades que produzcan 25,000 toneladas de CO₂ o más.

La Secretaría implementará en la Fase Operativa, de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes elementos: un programa de compensación, un esquema de subastas con efectos económicos, y cualquier otro elemento que considere necesario para la correcta implementación de la Fase Operativa del Sistema de Comercio de Emisiones.

El mercado de carbono en México enfrenta diversos retos. Por ejemplo, hay empresas que no tienen claro que son sujetos obligados y que no cuentan con personal competente a nivel técnico en el cálculo de emisiones. También existe desconocimiento acerca de que los resultados reportados deben ser avalados por un organismo verificador de gases de efecto invernadero.

Por  otra parte, aquellos que cuentan o desean realizar algún proyecto de eficiencia energética, por ejemplo forestal, tienen que cumplir estándares internacionales para que el proyecto sea aceptado en el mercado de bonos de carbono. Estos proyectos deben ser verificados para demostrar que efectivamente capturan carbono o disminuyen las emisiones del mismo. En un proyecto de reforestación, por ejemplo, una agencia verificadora contabiliza el impacto y les indica a los dueños de la tierra a cuantos bonos equivalen.

De todo lo anterior se desprende que es importante:

• Conocer el marco legal sobre el particular
• Conocer nuestra situación en cuanto a la emisión de CO₂ directo
• Estar atentos a la publicación de cómo se articulará el proceso definitivo de bonos de carbono en el 2023
• Seguir dando cumplimiento a los requerimientos federales o estatales en cuanto a cumplimiento del Registro Nacional de Emisiones (RENE)
• Propiciar el incremento de empresas y proyectos que compensen emisiones

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